El eje central del artículo es la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad. Sin embargo, para llegar al punto se precisa la competencia que en materia de control de constitucionalidad tiene la Corte Constitucional, toda vez que el Consejo de Estado tiene un control de constitucionalidad residual por medio de la acción objeto de estudio. Igualmente, para mejor comprensión de la temática se hace una aproximación conceptual sobre el principio de supremacía constitucional y, por supuesto, sobre la acción estudiada. Finalmente, se precisan las normas que pueden ser objeto de demanda en virtud de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad.

El artículo tiene como objetivo, desde el punto de vista analítico, abordar el estudio de la democracia participativa en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, con el propósito de auscultar su eficacia, no solamente formal sino material. Sobre la democracia, como forma de gobierno, se hace una aproximación conceptual, teórica e histórica, tanto a nivel general como nacional, con el fin de proporcionar mayores insumos en la comprensión de la evolución de la democracia participativa y su actual regulación constitucional, legal y jurisprudencial. Finalmente, se aborda, de manera breve, el estudio de los principales mecanismos de participación ciudadana de naturaleza política que introdujo el constituyente de 1991.

Lo primero es resaltar el trabajo pedagógico y científico que viene realizando el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario como aporte a la democracia.

En segundo lugar, agradecer la invitación a participar en este sobresaliente esfuerzo editorial que gentil y generosamente me ha cursado el Instituto por conducto de su Directora Ejecutiva Martha Lucía Bautista Cely. Me siento honrado y agradecido.

En tercer lugar, hay que precisar que el escrito, en la primera parte, recoge aspectos trabajados en mi tesis doctoral titulada Participación y Representación como principios del sistema democrático, la que pronto será publicada con otra denominación y necesarios ajustes.

Por último, bueno es aclarar que estas letras no tienen como objetivo analizar institutos del Derecho Disciplinario. El propósito, entonces, es hilar el concepto de democracia -aspecto que debemos trabajar sin tregua por las constantes amenazas que se tejen sobre esta forma de gobierno-, con el de Estado social de derecho y el soporte que para su materialización se halla en el Derecho Disciplinario.

El artículo tiene como propósito resaltar la importancia que en Colombia viene cosechando la institución jurisprudencial constitucional conocidacomo el estado de cosas inconstitucional y su positiva relación con sectores sociales históricamente marginados o abandonados por el Estado o víctimas de la sinrazón humana fundada en el egoísmo y la maldad. Luego de hacer una breve referencia sobre la acción de tutela con el único propósito de contextualización, se define estado de cosas inconstitucional y se precisan los requisitos para su procedencia definidos por la Corte Constitucional.

Finalmente, se referencian en cuadro resumen las sentencias que en Colombia se han proferido en esta materia bajo la Constitución Política de 1991, lo que da soporte a las conclusiones.

Al partir de dos tipologías de constituciones expuestas por reconocidos tratadistas del Derecho Constitucional, desde una óptica abstracta y partiendo de la Constitución escrita, con referentes históricos de la construcción del Estado Liberal, se esboza, en forma analítica, el papel de las constituciones en la independencia de las naciones. Y, con breves reseñas respecto a lo acontecido en el proceso de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y del nuestro, dada la coyuntura del Bicentenario real o material de independencia que estamos conmemorando, se concluye que, no obstante las vicisitudes presentes en el alba de las naciones, la Constitución escrita se convirtió en un importante referente evitando la idea de un gobierno despótico y, como consecuencia, nutriendo la praxis de la democracia, aun cuando su materialización ha sido paulatina.

Hablar en Colombia sobre el control de constitucionalidad, necesariamente nos lleva a los referentes universales. En el marco de las vicisitudes, ensayos, aciertos y errores que hemos tenido en materia constitucional, hemos sido receptores de los dos grandes sistemas de control de constitucionalidad creados en procura de asegurar la supremacía de la Constitución Política: de un lado, en el Siglo XIX, ante todo observamos un control de constitucionalidad político, 2 con incipiente presencia del judicial; y, del otro, en el Siglo XX, nos adentramos a un control más judicial (difuso y concentrado) que político, sin abandonar este último por completo.

Nada es más trascendente y teleológico para el ser humano, al estar organizado políticamente, que la convivencia pacífica. Nada facilita y promueve más el pleno goce de los derechos humanos que la paz. Lo contrario, esto es, la guerra, la zozobra, la angustia permanente, lo único que deja es una estela de tragedias, en particular para quienes, siendo ajenos a la guerra desde su alba y causas, sufren sus consecuencias como medio o sujeto de la misma.

El artículo está enfocado a describir los mecanismos de reforma constitucional que prescribe la Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 374 y siguientes. Se estudia el trámite de reforma constitucional por medio del Congreso de la República, de una Asamblea Constituyente y del referendo, todo precedido de un acápite denominado consideraciones previas como un espacio de reflexión en torno a la importancia de la vocación de permanencia de las constituciones y como llamado de atención para que las reformas únicamente se realicen bajo una necesidad imperiosa.